Diputados convirtió en ley la modificación del sistema de ART.

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 Con 88 votos a favor, 22 negativos y 44 abstenciones, el oficialismo logró aprobar la polémica ley de ART. La iniciativa establece que todo trabajador debe pasar por una Comisión Médica antes de iniciar cualquier juicio laboral. La sesión se realizó tras la marcha atrás del decreto que firmó hace tres semanas el presidente Mauricio Macri con el objetivo de apurar la vigencia del nuevo sistema.

Ley ART

 La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto oficialista que modifica el régimen de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), en una sesión que estuvo marcada por el polémico caso del Correo Argentino. Así sucedió luego de que el Gobierno retrocediera respecto del decreto emitido en enero y convocara a sesiones extraordinarias por las fuertes críticas recibidas por parte de la oposición.

 Puntos clave de la nueva ley: 

 La nueva ley establece como “obligatoria y excluyente “la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales como “instancia administrativa previa” a la presentación del trabajador ante la Justicia en reclamo de una indemnización por enfermedad o incapacidad.

 Simultaneamente, se les fija a las comisiones médicas un “plazo máximo” de 60 días hábiles administrativos para expedirse sobre los casos. Ese plazo será prorrogable por “cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas”.

 Si bien la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional “agotará la instancia administrativa” del reclamo, “las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central”. “El trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la Comisión Médica que intervino”, apunta.

 La ley contempla, además, la creación del “Autoseguro Público Provincial” para que las provincias y sus municipios y la Ciudad de Buenos Aires puedan “autoasegurar los riesgos del trabajo, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”.

 Por último, se introducen mejoras en los coeficientes de cálculo de las indemnizaciones. Se indica que los salarios que se utilicen para calcular el monto se ajustarán por aplicación de la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de Trabajadores Estables).