La planta de AYSA de Berazategui, en la mira por supuestas coimas.

La empresa a cargo de la construcción de la planta del Bicentenario habría pagado coimas y sobornos para adjudicarse esa obra.

Camargo Correa, la constructora a cargo de la Planta del Bicentenario, habría pagado sumas millonarias para adjudicarse la obra de la Planta AYSA del Bicentenario en Berazategui. Así se desprende de una investigación que este domingo publica Perfil en su página web.

 Según ese portal de noticias, Pietro Giavina Bianchi, «consultor» de Camargo Correa, llevaba adelante una presunta caja paralela de esa firma, una de las compañías más importantes de Brasil.

 La Justicia encontró en su domicilio un pendrive con documentos de sociedades offshore, cuentas bancarias en Andorra y supuestos cálculos de porcentajes destinados a pagos ilegales y contribuciones en negro a campañas políticas, transferencias no declaradas de divisas al exterior y “fraudes en licitaciones”. Todos los movimientos negros de Pietro para Camargo Correa estaban alojados allí e incluían a la planta Bicentenario.

Camargo Correa en Argentina

 Los tres socios argentinos de Camargo (Esuco, Corporación América y Pescarmona) tienen a sus principales empresarios en la lista de arrepentidos que reconocieron haber pagado coimas o financiado ilegalmente campañas electorales durante los gobiernos kirchneristas.

 En la Argentina, Camargo Correa sólo tuvo una obra pública. Se trata de la planta depuradora Bicentenario de Aysa en Berazategui. Junto a Esuco ganaron el contrato de casi 400 millones de pesos a fines de 2008 (unos 118 millones de dólares según los documentos de Pietro).

 El proyecto comenzó en 2009 y finalizó en 2015. Contó en su inauguración con la presencia de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La planta ocupa 32.000 metros cuadrados y procesa efluentes cloacales antes de que sean volcados al río.

Directivos Procesados

 Camargo Correa y Esuco son investigadas por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado. Dos de sus ex directivos están procesados y embargados por irregularidades y cartelización de las obras de Aysa junto a hombres de Odebrecht y sus socias locales (Roggio, Supercemento y Cartellone). El magistrado citó vía exhorto a Antonio Miguel Marques (ex presidente de Camargo Correa) y a Carlos Wagner (Esuco) a indagatoria por las supuestas coimas los próximos días.

 Antes de adjudicar la obra, existieron varias modificaciones al presupuesto original, que estaba calculado en 340 millones de pesos. El 17 de enero de 2008, el contrato creció en un 17 %. En uno de los archivos del pendrive de Pietro denominado “UN Infra (Infraestructura) Internacional”, el “consultor” anotó un pago de US$ 25.000 con la referencia “Berazategui, Argentina, Alteración presupuesto”.

 Pocos días después del primer cambio, el 24 de enero de 2008, Aysa realizó otra modificación: aumentó el porcentaje del adelanto financiero de la obra, que pasó a ser del 10 % del total del contrato, es decir de 40 millones de pesos (unos US$ 12 millones de entonces).

El detalle de los pagos

El 23 de enero de 2009, Jaime José Juraszek Junior, ejecutivo de Camargo en Buenos Aires, envió un correo a su superior en San Pablo, Darcio Brunato, con varios documentos adjuntos. En el e-mail, la sucursal argentina de Camargo confirmaba que el 15 de enero de 2009, su cliente, Aysa, había depositado el adelanto financiero de la obra de Berazategui, equivalente al valor del 10 % del total del contrato.

 “El valor líquido (sin IVA) es de 12.089.700,20 dólares (comprobantes anexos), fue depositado en la cuenta corriente de nuestro consorcio”, informó Juraszek Junior. El intercambio de correos llegó a Pietro, con asiduo diálogo con Brunato.

 Pietro imprimió el correo y los archivos adjuntos, que incluía dos facturas de Aysa al consorcio Camargo-Esuco. El adelanto se dividió en dos pagos de 30 millones y 10 millones de pesos. Sobre el mail impreso, Pietro escribió: “Liberaración 499 ARG.”. Cuando los policías analizaron los archivos adjuntos de ese mail posaron las sospechas sobre un pago de US$ 499.176 destinado a “Grupo PSI”. “Primera cuota”, dice también el archivo.

Grupo PSI

 En otro documento, Grupo PSI aparece como destinatario de dos pagos extraídos del adelanto financiero: uno fechado en febrero de 2008 por US$ 529.190 y otro por US$ 499.176, con fecha diciembre de 2008, el año de la licitación pública de Aysa.

 Al analizar los adjuntos que llegaron a Pietro junto con el correo electrónico, los policías no sólo identificaron esos dos pagos en dólares al “Grupo PSI”. Existía otra proyección de pagos para Grupo PSI sobre la base del total de la obra, unos US$ 118 millones, “Grupo PSI” se quedaría con US$ 5.291.899 (a febrero 2008) y US$ 4.991.761 (a diciembre 2008). Pietro también anotó el cálculo del impuesto IVA de la obra. Los policías de San Pablo no pudieron identificar qué era Grupo PSI.

La conexión con los arrepentidos de los cuadernos.

 Quien se encargaba de monitorear lo que sucedía en Aysa era José López, arrestado tras ser descubierto arrojando un bolso con US$ 9,3 millones en un monasterio. Él era quien seguía de cerca las obras de Camargo Correa y Odebrecht.

 Su ex compañero en el ministerio, Baratta, también le apuntó durante su última declaración indagatoria en la causa que investiga supuestos sobornos en las plantas de Aysa. “Para los (pagos) adicionales de obra y modificaciones de obra ahí también exigían a las empresas el mismo porcentaje (entre el 10 y 20 por ciento) de retorno”, detalló Carlos Wagner (ESUCO).

 Algunas de las constructoras que participaron de este mecanismo, según Wagner, son las mismas que participaron en la supuesta cartelización de la planta de Aysa en Berazategui, como Coarco SA y Cartellone SA.

 ¿Cómo podían iniciar las obras si los adelantos financieros eran entregados a los funcionarios?. Todo estaba pensado por De Vido, dijo Wagner. “El anticipo financiero de la obra se entregaba de a uno, dos o tres pagos al funcionario que recaudaba. El anticipo financiero se iba todo al funcionario, el IVA se quedaba retenido, y lo que correspondía pagar a la AFIP a los 30 y 60 días, se iba utilizando para iniciar la obra”, contó.

 

Crédito: Emilia Delfino para Peril.com

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