Columna de opinión | Aerolíneas nos pasa factura

Aerolíneas nos pasa factura
Aerolíneas nos pasa factura

Por Verónica Ottaviano

El Estado Argentino está siendo demandado en Estados Unidos por no haber cumplido con una sentencia internacional que quedó firme en el año 2019 y que lo condena a pagar 327 millones de dólares como indemnización al fondo Titan Consortium, que adquirió los derechos litigiosos de los ex accionistas españoles de Aerolíneas Argentinas.

Indudablemente la erogación de este dinero va a afectar la economía y políticas económicas de quienes nos gobiernan, sea quien sea, ya que esta obligación corresponde al estado y no al gobierno.

Repasemos lo que sucedió:

En el año 2008 Argentina decide expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral. Como toda expropiación se tiene que sujetar a ciertos requisitos constitucionales: en principio debe existir una ley del congreso que declare de interés público lo que se pretende expropiar.

En el caso en análisis el Estado tomo de hecho las aerolíneas, y el tratamiento de la ley se le dio de manera posterior. A pesar de que la misma fue aprobada, ya que el gobierno que había tomado la decisión en nombre del Estado tenía mayoría parlamentaria, esta situación fue cuestionada por los accionistas dueños de las aerolíneas, situación que se debatió en el juicio que se llevó a cabo ante el El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI). 

Recordemos que el CIADI es el tribunal arbitral del Banco Mundial y el órgano competente para entender en estas cuestiones. En ese contexto se debatió si el Estado tenía ciertas potestades preferenciales sobre las aerolíneas, ya que Argentina argumentaba que se trataba de un servicio público. No obstante, se resolvió que la naturaleza jurídica no era tal, situación que cualquier persona que tenga una mínima noción de nuestro ordenamiento legal sostendría en razón de un sentido común. 

Otro de los requisitos que establece nuestra Constitución cuando se pretende alterar el derecho a la propiedad mediante el instituto de la expropiación es que se debe abonar una suma en concepto de indemnización, equivalente al valor de venta. O sea: para simplificar, la expropiación es una “venta obligatoria”, en la cual si no hay acuerdo respecto al valor del mercado se judicializa a fin de establecer el quantum de la operación. Es decir, en nuestro sistema republicano, por imperio de la Constitución Argentina, no puede existir expropiación alguna sin pago de indemnización: las confiscaciones están prohibidas. Sin embargo, el Estado argentino pagó por Aerolíneas y Austral la suma de un peso. 

En el año 2017, el tribunal internacional ordenó pagar por Aerolíneas Argentinas y Austral la suma de U$S 327 millones de dólares. El gobierno de Macri, cuando salió la sentencia, pidió la anulación de este fallo, pedido que no prosperó y que derivó en que la sentencia quedara firme en el año 2019. Como Argentina no pagó esa suma de dinero, entró en situación de mora y hoy debe 327 millones de dólares más los intereses desde el 2017.

 Los argumentos vertidos a fin de eludir el pago de esa indemnización son únicamente dilatorios, dirían nuestros hijos “para patear la pelota”. El estado cuestiona la legitimidad de Titan Consortium, que fue quien inició el juicio como cesionario de los derechos litigiosos que les cedieron las empresas del grupo Marsans en la quiebra. Lo cierto es que este grupo inició juicio de cobro de estas sentencias en Estados Unidos, ya que, conforme las normas de derecho internacional público, el demandante exitoso tiene derecho a perseguir el cobro en cualquier país miembro de la comisión de CIADI, como es el caso de Estados Unidos. Ahora, Argentina tiene 60 días para responder a esa demanda, donde no se discute el derecho, ya que se trata de un juicio ejecutivo. 

Aparentemente Argentina va a plantear lo que los abogados llamamos “falta de legitimación activa”: va a decir que desconoce la cesión de derechos, que tiene que presentarse los accionistas o el administrador de la quiebra; va a pedir la conformidad del fondo Burford, que fue quien financió el juicio y quien lo adquirió de los accionistas y después se lo cedió al ejecutante. Es el mismo que está litigando todavía por la expropiación de YPF contra el Estado Argentino.

Se espera que esta defensa no prospere, porque ya quedó claro la legitimidad de actuación de Titan Consortium, por lo que seguramente se pedirá una reducción de intereses, pago en bonos, etc… que deberá contar con la conformidad del reclamante. En ese momento de negociación, va a resultar importante el estado de las relaciones diplomáticas. Ese momento no está muy lejano, cabe decir, ya que si no se paga o no se acuerda la forma de pago seremos sujetos vulnerables de embargos internacionales. 

Estamos próximos a que la política macroeconómica de nuestro país se vea afectada por esta situación. El bolsillo de todos y cada uno de nosotros podría verse resentido.

 

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