El caso Vicentin ¿Un nuevo atropello o más de lo mismo?

deuda de vicentin

Columna de opinión por Bruno Leandro Galleni (*).

En el día de ayer, el Gobierno, mediante una maniobra que tomó a muchos por sorpresa, anunció un inminente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual se establecerá la intervención estatal de la empresa Vicentin S.A.C.I., uno de los principales jugadores en el mercado exportador de granos, siendo el octavo principal exportador de cereales y el mayor exportador de aceites y subproductos, siempre según el ranking que elabora al efecto el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Soberanía alimentaria

Los argumentos de la medida consisten en asegurar la soberanía alimentaria y la protección de miles de puestos de trabajo, pero quien se precie de ser un lector atento de las noticias nacionales podrá ver otros elementos llamativos, como ser la continuidad de ciertas políticas que el país ha tenido en administraciones anteriores, como las estatizaciones del Correo Argentino por el gobierno de Néstor Kirchner en 2003, la de Aguas y Saneamientos S.A. (AySA) en 2006 (sobre la cual a inicios de 2019 el país fue condenado a pagar una millonaria indemnización luego de perder el juicio iniciado en el CIADI -tribunal de arbitraje del Banco Mundial.) y la de Aerolíneas Argentinas en 2009 (que expropió la aerolínea de bandera por la suma simbólica de PESOS UNO (1) -sí, leyó bien- y lógicamente otra vez el CIADI nos condenó a pagar la nada despreciable suma de USD 320 millones en 2017.

Luego, la misma administración estableció la expropiación de YPF en 2012 por el 51%, que estaba en manos de REPSOL, medida que se encuentra actualmente en litigio y que pese a los siempre infructuosos esfuerzos de los abogados del Estado Argentino, tendrá que dirimirse en los juzgados de Nueva York, por lo que es presumible una nueva derrota judicial y una nueva condena pecuniaria para solventar los perjuicios que el Estado provoca al violar las leyes en estas patriadas estériles que sólo generan ganancias multimillonarias a costa del pobre contribuyente y que, con su esfuerzo, debe trabajar para pagar los impuestos que solventarán dichas ganancias. Finalmente, también en 2012, se expropió Ciccone Calcográfica, medida por la cual el Estado Nacional fue otra vez condenado, en este caso a pagar la suma de $ 350 millones pese a que supuestamente la expropiación no costaría nada…

Ahora se “renueva” la política expropiadora con este nuevo caso, que seguramente traerá cola y dejará nuevamente al Estado obligado a pagar una multimillonaria indemnización. Pero ¿qué hay detrás de esta nueva “patriada” en pos de la tan mentada “soberanía alimentaria”?

Impedimentos legales

Si miramos la ley 21.499 que regula el procedimiento de expropiación, vemos que el mismo debe iniciarse mediante el dictado de una ley emanada del Congreso, pero no regula la figura de un interventor que controle la administración de los bienes sujetos a expropiación. La Ley General de Sociedades N° 19.550 establece la posibilidad de intervenir judicialmente una sociedad para el caso de que “el o los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones que la pongan en peligro grave, procederá la intervención judicial como medida cautelar” (art. 113), pero pone esta posibilidad en cabeza de aquel socio que viera afectados sus derechos patrimoniales por una mala administración, previo agotamiento de las vías societarias previstas en el estatuto, supuesto que claramente no se da en el caso.

De esto podemos inferir que el proceso ya nació en la ilegalidad, ya que no cuenta con sustento legal. De hecho, si observamos el proyecto de decreto publicado el día de ayer por Ambito.com, no se cita en el mismo ninguna norma que sustente los actos que dicho decreto estaría estableciendo, motivo por el cual está de más decir que el citado proceso de intervención de por sí es ilegal y arbitrario, ya que en los considerandos se debe expresar los antecedentes de hecho y derecho que motivan la medida ejecutiva, algo que resulta necesario para dar legitimidad al acto.

Pero tampoco es legítima siquiera la vía de un DNU para el caso, ya que no existe urgencia o necesidad que obligue al Estado a intervenir en una situación de particulares que bien podría ser canalizada por la legislación vigente, mas allá del endeble argumento de la supuesta soberanía alimentaria y la protección de acreedores y empleados que no sabemos con qué fondos se realizará. Alguien tendrá que pagar acreencias y sueldos, pero si el dinero no se genera por la actividad comercial de la empresa, ¿de dónde saldrá? ¿Del bolsillo del contribuyente?

Si bien a la empresa se la asoció con el ámbito del favoritismo político y los subsidios y ya quedó atrás el sobreseimiento del Alberto Padoan por asociación ilícita en el marco de la causa de los cuadernos -sobreseimiento dictado por el fallecido juez Bonadío-, lo cierto es que en poco tiempo la empresa pasó de ser la “niña mimada” de Santa Fe, dirigida por algunos de los más ilustres integrantes de la sociedad santafecina, a caer en un concurso de acreedores con un pasivo multimillonario, ser objeto de una investigación penal por defraudación al estado por un préstamo otorgado por el Banco de la Nación Argentina durante el gobierno de Macri y, ahora, misteriosamente cae en la mira del gobierno.

¿Tiene algún plan el gobierno para revertir la situación de la empresa en crisis o simplemente nos están obligando a comprar un nuevo “elefante blanco”? ¿Hay otra intención por detrás? ¿El traspaso al fondo fiduciario esconde una avanzada estatal para facilitar los negocios de YPF Agro? ¿Es esto el inicio de una sucesión de expropiaciones al estilo Chavista o solo una decisión para evitar que ingresen capitales extranjeros?

Lo cierto es que seguramente esta acción terminará en un juicio millonario, como ya ha sucedido con casi todos los antecedentes similares en estos casos. Esto es así porque la medida carece de todo fundamento legal, económico y fáctico. También implicará una toma de posición del gobierno sobre el mercado, a quienes enviará una señal de alerta y, seguramente, frente a los antecedentes propios de este gobierno, sólo podrá generar salidas de capitales, falta de inversión y, en definitiva, menos empleo, más pobreza y hambre para “todos y todas”.

También es cierto que, de cierta forma, la medida de Fernández resulta un complemento perfecto a la supuesta defraudación de la que el Estado habría sido víctima al recibir un préstamo que ninguna entidad financiera debería haber otorgado, ya que durante el gobierno de Macri se le otorga el préstamo y luego se expropia la empresa. Es el Estado el que se hace cargo de los pasivos expropiados, siendo que deberá indemnizarse a los accionistas por la expropiación, pese a la posibilidad cierta de que luego sean condenados por defraudación. Todo esto sin siquiera saber a ciencia cierta si hubo una insolvencia fraudulenta en primer término. Sin lugar a dudas, desde lo legal, las dudas se acumulan a la par de las ilegalidades del gobierno.

Lo único cierto es que la soberanía estatal sólo tiene efectos sobre el territorio en el sentido de permitirle asegurar la integridad territorial y el imperio de la ley dentro de él, pero cuando es el mismo Estado el que arrasa con la ley, la soberanía se convierte en imperio del poder, dejando de lado la “fuerza de la razón” por la “razón de la fuerza”.

(*) Abogado en materia de Derecho Tributario, Laboral y analista en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Apoderado del Partido Libertario y referente de Berazategui.