Procesaron a seis personas por una millonaria defraudación al PAMI

Están involucrados agentes del Instituto y titulares de farmacias.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, dictó el procesamiento de seis personas en el marco de una investigación por una defraudación al PAMI por parte de los titulares de ocho farmacias. Según la acusación, habrían insertado datos falsos en recetas de la obra social.

De acuerdo a la investigación, la defraudación se materializó a través de la introducción en casi 500 recetas originales del PAMI de troqueles apócrifos, datos falsos de afiliados al Instituto que no precisaban insumos y medicación para diabéticos. También se introdujeron médicos y “terceros intervinientes” que eran los que presuntamente retiraban la medicación.

Acusados

Se comprobó que entre los acusados, además de los responsables, titulares o directores técnicos de las farmacias, se encontraban dos agentes del Instituto que habrían realizado una importante labor. Según se cree, habrían dado de alta en el sistema informático del organismo con sus claves a afiliados que no eran diabéticos, o que no requerían esa medicación o insumos.

La maniobra también contemplaba lugares de residencia en zonas alejadas tanto a las propias dependencias del Pami, como también a las farmacias donde figuraban que retiraban los medicamentos o insumos médicos. Ese aporte era esencial para que la maniobra fraudulenta se llevase adelante.

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Los datos de los “terceros intervinientes” resultaron en su mayoría falsos. En efecto, se trata de un requisito primordial del Instituto la corroboración de la identidad de esas personas para la entrega del medicamento.

Perjuicio patrimonial

Respecto del perjuicio patrimonial al momento de los hechos se calculó en aproximadamente tres millones de pesos ($ 3.000.000). Esa suma se acreditó en virtud de las recetas efectivamente liquidadas y que no fueron observadas a pesar de la dispensa simulada.

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Según se informó, se trabaron embargos sobre los imputados por 60 millones de pesos. Al mismo tiempo se ordenó una profunda investigación patrimonial de cada uno de ellos, con el fin de recuperar los bienes sustraídos a la Obra Social.

Finalmente, se supo que las penas que podrían ser aplicadas son la prisión efectiva y la inhabilitación por el doble del tiempo de la condena.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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