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¿Quién tiene el poder?

Opinión / Por Bruno Galleni

Los recientes eventos sucedidos en EEUU con la toma del Capitolio en plena sesión de certificación de votos para convalidar la elección del próximo presidente electo Joe Biden, al igual que las marchas realizadas en plena cuarentena sanitaria bajo la mirada impávida de las autoridades, como también la ya célebre huida de la Casa Rosada del ex Presidente Fernando De La Rúa y muchos otros actos de protesta popular, han puesto en jaque una ficción socialmente aceptada por todos, que es la del “Poder Estatal”.

Capitolio de los Estados Unidos de América (Foto: Télam))

Tanto la Constitución argentina como la de EEUU comienzan sus preámbulos con la misma frase, “Nosotros el pueblo…” (We the people… en la versión norteamericana). De aquí podemos darnos cuenta de que el Estado, con todo su poderío, no es más que una construcción popular de y para el pueblo; y es por ello que siempre deberá actuar en función de los intereses de sus ciudadanos.

Sin embargo, esto nos ha llevado a una trampa que hábilmente supieron construir los políticos, que es la del “interés general”. ¿Y qué es tal cosa? Nadie lo sabe a ciencia cierta, y por cierto que es un concepto bastante inasible, ya que lo que puede redundar en el interés de unos puede ser contrario al interés de otros, sin que haya soluciones fáciles para congeniar intereses contrapuestos.

Es así que en pos del interés general se puede tomar todo tipo de medidas y avanzar con las más variopintas iniciativas, pero lo más importante, es que en muchos casos, este concepto vago y difuso termina siendo la muletilla con la cual los ciudadanos sufren todo tipo de intervenciones en sus vidas y sus proyectos.

No voy a dar ejemplos extraños. En pos del interés general el municipio se reserva el derecho de decirnos si podemos o no trabajar y cómo hacerlo, puede establecer horarios, y hasta modalidades de trabajo. Basta leer las regulaciones de cualquier municipio para habilitar un local comercial, aunque sea un pequeño comercio de ropa usada en un local de 10 m2, ni hablar de vender alimentos. Hoy en día con la propagación del virus SARS-COV2 hemos sumado todo tipo de restricciones al trabajo, desde la necesidad de trabajar desde casa, hasta la prohibición de trabajar a criterio de algún burócrata que considera que determinadas tareas no son esenciales (aunque para el trabajador siempre es esencial su trabajo ya que sin él no como, problemática ajena al político y el burócrata).

En pos del interés general se han desarrollado infinidad de métodos de vigilancia, no para los delincuentes, para la gente que trabaja como los regímenes de percepción y retenciones de impuestos que habitualmente se terminan pagando antes del vencimiento gracias a estos mecanismos, los regímenes de información a los que están sometidas las administradoras de tarjetas de créditos, bancos, consorcios, concesionarias, escribanos, y un largo etcétera que poco a poco ha ido creando el Gran Hermano de la AFIP.

Ilustración de 1984, de George Orwell

Así y todo, mansamente nos sometemos a todo tipo de control y vigilancia en la creencia socialmente aceptada de que las normas están para respetarlas y que en definitiva se debe obediencia a la autoridad pública, porque si así no lo hiciéramos todo sería caos y libertinaje y nadie podría vivir en paz, pero sin embargo nos sorprendemos cuando vemos que los países más desarrollados son aquellos que tienen mayores niveles de libertad.

The Economist realiza periódicamente un análisis de los niveles de libertad en base a cinco categorías:
Procesos electorales y pluralismo.
Libertades civiles.
Funcionamiento gubernamental.
Participación política.
Cultura política.

De acuerdo con este ránking, no sorprende ver a países como Canadá, todos los países nórdicos, Australia y Nueva Zelanda liderando los rankings, toda vez que estos a su vez tienen elevados niveles de vida para sus habitantes.

Algo similar se observa al analizar los índices que publica el Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios, en donde observamos nuevamente que los países más libres son los más prósperos.

Entonces si tenemos en cuenta que, a mayor libertad, menor intervención estatal, debemos concluir que, para poder progresar, el Estado debe retirar regulaciones y dejar a sus ciudadanos que negocien libremente para que puedan desarrollar sus proyectos de vida libremente asegurando así prosperidad para todos.

Sin embargo tenemos un problema. El “Poder Público” ya no está en manos de los ciudadanos, poco a poco, los políticos en nombre del “interés general” se han ido apropiando del poder que nos corresponde a los ciudadanos hasta acapararlo totalmente. ¿Y cómo lo ha hecho? Simplemente cortando el acceso a los cargos electivos de modo tal que quien quiera postularse a un cargo público, deba ingresar por medio de las estructuras corruptas y prebendarias de la política argentina.

Para asegurar el resultado, luego empezaron a rifar empleos públicos para todo aquel que hubiera colaborado en campaña, sería algo así como el premio consuelo para la víctima del “bullying” político, y aquellos que ya estaban o entraron sólo por recomendaciones de alguien conocido, les queda siempre la opción de ser funcionales al poder o buscar otro empleo.

Foto: newtral.es

Por eso, es que resulta IMPERIOSO en este momento recuperar el poder que los políticos nos robaron, restaurar la esencia de la democracia con la alternancia en los cargos públicos, terminando con esa liturgia de intendentes y legisladores eternos (tengo casi 47 años y muchos siguen en el poder desde que tengo memoria), basta del maniqueísmo político que nos empuja a votar por el malo o el peor como sucedió en el 2019, cuando los dos candidatos con peor imagen eran los que más chances tenían de ser electos nada más ni nada menos que para Presidente de la Nación (situación que luego no se dio por el paso al costado de CFK que optó por ser Vice del candidato que ella designó).

Es cierto que se debe respetar la ley, pero la ley tiene que ser justa y razonable, y a su vez debe regular sólo en la mínima medida posible a efectos de permitir que la gente en pos de su propio interés pueda actuar con la mayor libertad posible. Es cierto que se debe respeto a las autoridades públicas, pero no porque sean de una alcurnia superior o de una suerte de nobleza designada por Dios para reinar entre los mortales, sino por el cargo que detentan y lo que dicho cargo representa; la autoridad del pueblo.

Ahora está de moda usar la palabra “República”. “Hay que salvar la República” dicen unos desde sus escaños viviendo una primavera eterna a costa del fruto del trabajo ajeno, pero no son más que meros actores de una triste escena de la Nación que nunca fue, y esto lo podemos ver cuando nos advierten sobre los riesgos de ir contra la clase política. ¿Qué peligro podría haber en la renovación de los políticos actuales? ¿Tan especiales son que tanto los necesitamos? ¿Qué conocimiento especial tienen ellos que nosotros no tengamos, como para que tengan una posición especial para decidir sobre nuestro destino?

Nadie mejor que nosotros para decidir lo que nos conviene y lo que no, y por ello tenemos el derecho de reclamárselo a nuestros representantes, y si no se ajustan al reclamo los correremos en elecciones, porque la “República” consiste en eso, en decidir entre todos lo que se hará con lo que es de todos, y que el pueblo decida quien tendrá la responsabilidad de ejercer ese mandato.

Ellos no tienen el poder, la suma del poder público lo tiene el pueblo, para eso existen las constituciones, para limitar el poder del gobierno de turno, pero si los gobernantes toman por asalto las instituciones democráticas, entonces estimados lectores, todo ha acabado.

*El autor es abogado en materia de Derecho Tributario, Laboral y analista en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Apoderado del Partido Libertario y referente del mismo en Berazategui.

Redacción

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